Extorsiones: la amenaza para los pequeños negocios en Monterrey

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por Daniela García
   para Proyecto Ethos 

 

Para quienes pretenden abrir negocios o ya operan pequeños comercios en el municipio de Monterrey hay algo mucho más preocupante que burocracias poco eficientes, aunque no se hable de ello públicamente: el crimen organizado, que busca arrebatar ingresos bajo la modalidad del cobro por derecho de piso.

Pequeños comerciantes y líderes empresariales consultados para esta investigación relatan que, desde hace aproximadamente 15 meses, a pesar de la pandemia, se recrudeció la situación de violencia en la capital de Nuevo León y algunos otros puntos del estado, y con ella reaparecieron grupos criminales que arriban a cualquier tipo de locales comerciales, grandes o chicos, a cobrar el ‘derecho de piso’.

Aunque don Luis y su esposa María, propietarios de una pequeña tienda de comestibles, frutas y verduras de la zona metropolitana de Monterrey, omiten dar una cifra exacta del monto que los criminales le exigen, mencionan que puede llegar a representar hasta 50% de sus ingresos mensuales.

Por su parte el señor Patricio, al sur del municipio, dice que ha tenido suerte, hasta ahora. Comenta que las pandillas no se han acercado directamente pero sabe que “han estado preguntando a los vecinos de los locales, a los chicos del Oxxo y a los tacos de al lado sobre quién es el dueño de mi negocio… no han llegado aquí todavía”, dice preocupado.

Este suele ser un tema tabú entre los empresarios locales, sobre todo aquellos más pequeños que no cuentan con un respaldo jurídico, gubernamental ni empresarial de las grandes cámaras. Ellos reconocen que esta situación les afecta más allá de sus finanzas e ingresos: pone en riesgo su vida y la de sus familias.

Como ejemplo de esto, a inicios de noviembre, el crimen organizado cobró la vida de un microempresario local en la zona de San Jerónimo. Según las indagatorias oficiales se trataría de una ejecución tras negarse a pagar el derecho de piso. Ese tipo de extorsiones las han enfrentado al menos 478 empresarios neoleoneses en lo que va del año –pero son muchos más, porque 90% de esos intentos no se denuncian–; una de cada 10 extorsiones del país ocurren en Nuevo León. Según la última Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), este es el delito más frecuente que reportan las empresas en el estado.

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El Observatorio de Seguridad y Justicia del Consejo de Nuevo León, a octubre de 2021, destaca que este delito ocupa el primer lugar en el incremento de carpetas de investigación. El director del Observatorio, Oswaldo Morales, detalla que en ese periodo la extorsión creció 70% en comparación con el trimestre anterior, con una tasa por encima de la media nacional.

Cuestionado sobre el tema, el señor Luis G., propietario de una tienda de verduras, reconoce que no ha denunciado las extorsiones de las que es víctima. “¿Para qué?, no habrá investigación ni resultados, más bien las autoridades pudieran enojarse por haberlos denunciado”, dice al considerar que la policía está coludida con el crimen.

La extorsión fue tipificada como delito en Nuevo León hace algunos años, a petición de la Cámara de Comercio de Monterrey (Canaco); desde entonces los líderes del comercio aseguraban que 20% de los negocios afectados por cobro de piso se ven obligados a cerrar.

 

 Los inspectores, parte del problema

Si bien el cobro de piso es un mal que se liga casi siempre al crimen organizado, el delito incluye también las extorsiones hechas por las autoridades. De hecho, en octubre de 2021 la recién llegada administración denunció irregularidades en la actuación de los inspectores; el mismo alcalde Luis Donaldo Colosio reveló que existía una red de extorsión a comerciantes en el primer cuadro de la ciudad por parte de personal de la Dirección de Comercio.

El origen de estas irregularidades es, en gran medida, el desconocimiento del sistema y los procesos administrativos. Don Patricio, quien tras perder su trabajo por la contingencia sanitaria, utilizó el dinero de la liquidación para invertir en cortes de carne, mariscos y vegetales regionales, recuerda que lo que en realidad resultó un reto fue recorrer el rudo camino que implica querer hacer las cosas bien, es decir, formalizar su emprendimiento.

El comerciante ignoraba si tenía que pagarle a un contador o a un abogado, cómo darse de alta en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) o en el Seguro Social. “No sabía y tampoco encontré orientación”, recuerda. Sin embargo, una vez que se adentró en la tramitología y pudo sortear la confusión de las instrucciones, el proceso avanzó. “Quise ser legal y tener todo en orden, por lo que tuve que hacer muchas llamadas”, dice.

A don Patricio le tomó cuatro meses concretar todos los requisitos, mucho más de lo que había presupuestado.

Para evitar esta clase de problemas, existen asesorías gratuitas sobre estos procesos tanto en la Secretaría de Economía estatal, la Cámara de Comercio (Canaco) de Monterrey, así como la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope), pero hay un problema: son pocos los ciudadanos que se acercan a consultar. Por lo general, los nuevos empresarios “terminan solitos dándose de topes en las áreas municipales, en lugar de llegar con nosotros”, revela el presidente de la Canacope, Juan José Saldívar.

 

La promesa: cinco días

Mientras tanto la Secretaría de Ayuntamiento de Monterrey, en medio de un cambio de administración, promete un viraje radical en la manera como opera el órgano gubernamental. La titular de esa dependencia, Lucía Riojas, asegura que se está llevando a cabo un diagnóstico profundo relativo al contenido, eficacia y aplicabilidad de la emisión de permisos para empresas de nueva creación. “Estamos trabajando en crear una primera guía para la emisión y la obtención que permita homogeneizar el proceso, dado que no era claro ni necesariamente universal la forma en que se otorgaban antes”, informa la secretaria.

Riojas adelanta que el objetivo es que se pueda obtener el permiso de comercios en un plazo de cinco días, ya que hoy no hay un término real y efectivo de entrega. “Se proyecta que sólo se necesite el llenado de un formato o solicitud, alta en Hacienda, identificación oficial y comprobante de domicilio”, describe.

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Tanto la Canacope como la Cámara de la Industria de la Transformación (Caintra) de Nuevo León coinciden en que la reducción de trámites sería el mayor respiro que se le puede dar al sector empresarial del estado, máxime en este momento de recuperación económica. Jorge Cervantes, presidente de la Comisión de Empresarios Jóvenes espera que se resuelva el problema de tener que acudir a diferentes instancias y avisa que hay una propuesta de crear una ventanilla única. “Lo ideal sería tenerla con alcance en todo el estado –declara–, creo que hacerlo es sólo una cuestión de voluntad política”.

Es evidente, en este contexto, lo complejo que resulta la actividad empresarial para emprendedores que buscan echar a andar micro y pequeños negocios, no sólo debido a la sobrerregulación, trabas burocráticas e incluso extorsiones de inspectores y funcionarios públicos, sino por la creciente ola de inseguridad generada por bandas criminales que se especializan en el cobro de derecho de piso. El comercio regiomontano ve indispensable para el desarrollo de sus actividades que las autoridades encabezadas tanto por Colosio como por el nuevo gobernador del estado, Samuel García, establezcan una estrategia contra la corrupción y la inseguridad.