Busca Monreal regular redes sociales: Éstas son las claves

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Busca Monreal regular redes sociales: Éstas son las claves
Foto: Caracol Radio

El senador morenista Ricardo Monreal compartió un comunicado en el que propone regular el uso de redes sociales en México, haciendo al Instituto Federal de Telecomunicaciones el principal ‘mediador’ en controversias y dándole el poder para multar hasta con 89 millones de pesos a las empresas que eliminen perfiles por atentar contra su libertad de expresión.

Monreal compartió los puntos clave de su propuesta a través de su cuenta en Twitter y aseguró que ésta no será turnada para su aprobación hasta que sea ‘revisada’ por un grupo de expertos, académicos, especialistas y usuarios, quienes tendrán como objetivo ‘enriquecerla’.

Además, el coordinador de Morena en el Senado aseguró que la propuesta no propone coartar la libertad de expresión de los usuarios, sino mejorar la experiencia de éstos al identificar ‘fake news‘ y discursos de odio.

 

¿CUÁLES SON LOS PUNTOS CLAVE DE LA PROPUESTA? 

El eje rector de la iniciativa presentada por Ricardo Monreal consiste en designar al Instituto Federal de Telecomunicaciones como el principal rector del uso de redes en México.

El proyecto obligaría a las redes sociales consideradas ‘grandes’ (es decir, que registren más de un millón de usuarios) a contar con un órgano interno que sancione comportamientos inadecuados, siguiendo siempre las directrices dictadas por la IFT.

Las redes que entrarían en dicha categoría son Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok y Telegram, quienes deberán cumplir con los criterios marcados para solicitar la ‘autorización para brindar servicio de redes sociales‘, una nueva figura jurídica que entraría en vigor en consecuencia de la iniciativa.

Los lineamientos para solicitar la autorización deberán ser entregados por la propia IFT en una plazo no mayor a 120 días, de acuerdo a la planteado por la iniciativa de Monreal.

En caso de que existan elementos para suspender o eliminar permanentemente un perfil o cuenta, la decisión recaerá en el consejo formado al interior de la empresa, que seguirá los lineamientos dictados por la IFT.

Las ‘causas’ sancionables incluyen la alteración al orden público, ataque a la moral, ‘fake news‘, discursos de odio, asociación delictiva, revelación de datos personales y afectación a los derechos de menores de edad, entre otros.

Contrario a la práctica común, la ‘culpabilidad’ de ciertos comportamientos ya no podrá ser determinada a través de un algoritmo, sino que tendrá que ser discutida en el consejo interno creado por cada plataforma siguiendo los criterios del IFT.

En caso de haber controversia de quien resulte suspendido, éste podrá interponer una apelación a la empresa correspondiente que deberá ser resuelta en un plazo de 24 horas; de no ser así, el usuario podría interponer una queja al Instituto Federal de Telecomunicaciones.

Si el IFT encuentra elementos para determinar que la suspensión afectó la libertad de expresión del usuario, se podrá multar a la plataforma por el equivalente a un millón de Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que equivaldría a 89 millones de pesos.

 

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