Para tipificar como delito la “impartición ilegal de educación”, la Diputada Rosa Isela Castro presentó una iniciativa de reforma al Artículo 459 del Código Penal del Estado.

Dijo que actualmente hay escuelas de todo tipo operando en el Estado, pero no existe un padrón que establezca el número exacto de planteles, tipo y modalidad, o el número de población que se atiende, por lo que genera que muchas de ellas se encuentren operando sin conocimiento de la autoridad.

Diputada Rosa Isela Castro“Esto se presta a que se establezcan escuelas que no sólo no cuentan con lo más esencial para su funcionamiento, sino que muchas veces no acreditan el Registro de Validez Oficial.

«Si bien, la Ley de Educación del Estado consigna en su Artículo 111 que ninguna institución educativa está autorizada para exhibir en su propaganda o documentación leyendas alusivas al registro en trámite de autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios, la Ley General de Educación en su Artículo 59, sí menciona la obligación de los planteles que no cuentan con ella de exhibirla en su correspondiente documentación y publicidad, hecho que no siempre sucede, y que da pie al engaño”, señaló.

La Diputada Castro dijo que el Plan Estatal Desarrollo 2016-2021 busca incrementar las oportunidades para que los jóvenes no abandonen sus estudios o su empleo, o ambos, a través de becas, desarrollo de infraestructura y políticas públicas que privilegien la equidad e inclusión.

Es por ello que propone tipificar el delito de “impartición ilícita de educación”, el cual sería cometido por los propietarios de una institución que imparta educación sin contar con la autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios.

De 5 a 10 años de cárcel

“De esta manera se protege el bien público sobre los intereses particulares, se fortalece el estado de derecho y se garantiza a la población que su inversión de dinero y tiempo para realizar estudios de cualquier tipo no corre el riesgo de ser defraudada por particulares sin escrúpulos que se atreven a impartir educación sin la autorización oficial», mencionó la diputada.

En la propuesta se pide aplicar de 5 a 10 años de cárcel y una multa de mil a dos mil cuotas.

En caso que esté involucrado un servidor público, esta pena se incrementará de una a dos terceras partes y será destituido o inhabilitado del servicio público hasta por 20 años.

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