Francisco Cienfuegos, coordinador del Grupo Legislativo del PRI en el Congreso, señaló que el juicio político es el procedimiento correcto para sancionar al Gobernador del Estado.
Cienfuegos se manifestó en contra del procedimiento especial planteado por la Comisión Anticorrupción, que busca cumplir con la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por el uso de recursos públicos durante la campaña presidencial 2018.
El legislador expresó la duda y preocupación de instaurar un procedimiento especial para dos personas únicamente, ya que no se encuentra contemplado en nuestro marco 
normativo previamente al hecho, ya que como lo señala nuestra Constitución en su artículo 14 “nadie podrá ser privado de sus derechos, sino conforme a las leyes aplicables con anterioridad al hecho”.
“Al Gobernador se le debe imponer una sanción ejemplar, y la vía correcta y la única que le corresponde al Congreso es el juicio político, ya que el Congreso como superior jerárquico en términos de la consideración séptima de la sentencia y del artículo 457 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, leo textualmente: ‘solo podemos proceder en términos de nuestrasdisposiciones aplicables’”, indicó.
Francisco Cienfuegos aseguró que su bancada no será impedimento para imponer una sanción ejemplar.
“Nuestro Grupo Legislativo votará a favor de las reglas propuestas por Movimiento Ciudadano, con el ánimo de avanzar en el proceso sancionador tanto del Gobernador como del Secretario General, dejando clara nuestra seria preocupación en la ruta que se está tomando, ya que podría ser objeto de impugnaciones por actuar contra el principio constitucional de legalidad que debe observar este Congreso, que consiste en hacer solo lo que nuestra ley nos permite, y aquí nos estamos yendo mucho más allá de lo que nuestro ordenamiento dispone”, mencionó.
Caso de Durango no es aplicable a Nuevo León
Recordó que la bancada de Movimiento Ciudadano busca replicar sanción directa basada en un caso resuelto en el Estado de Durango, que no es aplicable para Nuevo León, porque el marco legal es distinto.
En el Pleno se aprobó por mayoría el procedimiento propuesto por la Comisión Anticorrupción que plantea la sanción directa al Ejecutivo, ante lo que puntualizó que puede ser impugnado por los presuntos responsables del desvío de recursos.
“Arriba de un reglamento hay una ley y arriba de una ley está la Constitución Política; pero al haber mayoría se perfiló para que fuera de esta manera, nosotros no vamos hacer un obstáculo, no quiera pensar que es un pleito arreglado, nosotros creemos que debe de aplicarse un juicio político, y la ciudadanía debe de estar tranquila si hay otra autoridad más arriba del Congreso que determine algo en contra de lo que hoy aquí se votó, va a ser que se restaure o se reponga este procedimiento conforme a la ley y acabaríamos en el juicio político”, señaló Cienfuegos.
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