La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los servidores públicos que tienen cuentas en redes sociales, no pueden bloquear a los ciudadanos que emitan comentarios o críticas sobre su desempeño.
Cuando un ciudadano cruza la línea que lo convierte en persona pública, sus expresiones y actividades seguirán sujetas a un nivel de escrutinio social y a un umbral de protección menor, aseguró la SCJN.
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Esto se derivó de un amparo concedió al periodistas veracruzano Miguel Ángel León Carmona, quien fue bloqueado en Twitter en octubre de 2017 por Jorge Winckler, Fiscal General de Veracruz.
De esta manera se obliga al funcionario veracruzano a desbloquear en Twitter al periodista, para que este tenga acceso a la información pública.
En caso de no hacerlo, el juez de distrito podrá tomar las medidas necesarias para el cumplimiento.
¿Qué medidas tomarán?
Entre las medidas se solicitará directamente a un representante de Twitter en México que retire el bloqueo al usuario, siempre y cuando el usuario no presente un comportamiento abusivo que justifique de manera legítima la medida de bloqueo.
En la resolución se sostuvo que el bloqueo corresponde a un acto de autoridad que implica una restricción indebida al derecho de acceso a la información del periodista.
La Segunda Sala observó que los contenidos compartidos en la cuenta de Twitter del fiscal tienen relevancia pública y es información de interés general. Esto debido a que fue el propio funcionario quien voluntariamente utilizó su cuenta como medio de difusión para compartir, entre otros, información relacionada con su gestión como fiscal. Al hacerlo, colocó a su cuenta de Twitter en una posición de mayor escrutinio público.
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