El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer este jueves que se despidió a tres servidores públicos de PEMEX que presuntamente están relacionados con la llamada “Estafa Maestra”
«Vamos a pedirles a estos servidores públicos que dejen sus cargos y que se termine la investigación que está en curso porque no podemos nosotros tolerar nada que tenga que ver con corrupción, ni siquiera aceptar sospechas», aseguró López Obrador.
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Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública, indicó que participaron como firmantes responsables en 25 convenios de PEMEX con instituciones públicas de educación superior durante el periodo de 2012 y 2018.
Los grandes desvíos
Las tres personas estaban involucradas en «La Estafa Maestra» son:
Miguel Ángel Lozada Aguilar que entre 2013 y 2014 fue administrador del activo de producción Cantarell y actual director de Pemex Producción y Exploración
Ingeniero Héctor Salvador Salgado Castro, gerente del Proyecto de Desarrollo Ayatsil-Tekel en 2013 y 2014 y actual subdirector y coordinador operativo y comercial de Pemex Producción y Exploración.
Contador público Luis Galván Arcos, quien en 2013 y 2014 fungió como gerente de suministros y servicios administrativos de regiones marinas y actual gerente de operación y control financiero de procesos industriales y logística, detalló.
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“La estafa fue maestra porque el entramado a partir del cual se operó, pretendió ser de perfecta legalidad, aunque con deficiente moralidad. Sin embargo, el Talón de Aquiles de esta estrategia fue el control y los servidores públicos que tenían responsabilidad en verificar que se cumplieran las condiciones de ley”, detalló Eréndira Sandoval.
Dijo que en la Auditoría Superior de la Federación señaló en su muestra de 73 convenios con ocho instituciones públicas de educación superior.
Indica que hubo un desvío por siete mil 667 millones de pesos, por lo que se presume que el daño al patrimonio público y el cargo al erario puede ser mucho más importante dado que la revisión se concentró simplemente en el 6.4 del monto posible a ser fiscalizado en los convenios entre Pemex y las instituciones de educación pública.